Son bien conocidas las causas de esta situación y se ha debatido sobre ellas ampliamente. Pero quizá se haya hablado menos de sus consecuencias y de lo inédita que resulta si nos fijamos en nuestros vecinos europeos.
Entre los problemas que conlleva el enorme parque urbanístico deshabitado presente en la gran mayoría de comunidades del Estado, está la falta de seguridad (El Idealista escribía recientemente “los ladrones han encontrado en el stock de viviendas vacías un nuevo maná aprovechando su estado y baja seguridad”); las ocupaciones ilegales y los problemas de convivencia que pueden acarrear, y el deterioro de los inmuebles y edificaciones por falta de uso y mantenimiento.
Este último no es un problema menor, ya que tal como publicaba recientemente El Periódico de Catalunya, “los técnicos avisan que reparar ese enorme parque que se deteriora será largo y muy costoso”. Unos costes que se suman a los derivados de una situación sin precedente en Europa.
"Patologías" urbanas
En la mayoría de países europeos, el hecho de tener pisos sin habitar se considera como una “patología urbana”. Y es una situación casi inédita porque está duramente penalizada por las leyes.
En países como Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Holanda e Inglaterra, entre otros, los gobiernos impulsan activamente la venta, el alquiler y la rehabilitación de los inmuebles vacíos. Cuando la falta de uso es voluntaria o dura un tiempo máximo estipulado por la ley, se procede a las sanciones, que van desde una multa hasta -en casos excepcionales- la demolición de edificios enteros.
Entre las soluciones más habituales se encuentran la expropiación temporal, el alquiler forzoso y la incautación o la adquisición pública. Además, muchas veces los gobiernos locales están obligados a tener permanentemente controlado el stock de viviendas vacías y publicar un informe periódico sobre ellas. Estas medidas (sumadas a la ausencia de una “burbuja inmobiliaria” de la magnitud de la española) hacen que la media de vivienda vacía en los países de la UE se sitúe en un discreto 5%.
En España empiezan a asomar tímidas iniciativas en esta dirección, con municipios que han aprobado aplicar un recargo a los pisos vacíos o el decreto ley impulsado por la Junta de Andalucía para forzar el alquiler de estas viviendas; propuestas que no siempre son del agrado del sector inmobiliario pero que se aproximan a la defensa de la "función social de la vivienda" que contempla la Constitución Española.
